Edmundo González Llaca

El Estado no puede entenderse sin instituciones, esas organizaciones que conducen las acciones del poder público y la sociedad bajo determinadas normas y valores. Las instituciones definen las funciones de todos los que vivimos en sociedad y nos fijan los procedimientos para tomar las decisiones que nos afectan. Las instituciones nos meten a todos, funcionarios, organizaciones y simples ciudadanos de a pie, a una inercia en la que sabemos de nuestros derechos, obligaciones y en general a qué atenernos de los otros. Por supuesto que las instituciones nos permiten evaluar si estamos cumpliendo los valores que queremos como pueblo organizado.

En la conocida comparación del Estado con un cuerpo humano, podemos decir que si las instituciones fallan, es como si nos diera osteoporosis generalizada, en pocas palabras, estamos como comunidad política a punto de derrumbarnos. No quisiera ser alarmista pero sí es preocupante la situación ¿Por qué? Las funciones del Ejecutivo han sido puestas en duda por la Cámara de Diputados que considera que tiene todo el derecho para modificar el presupuesto. Sostienen mayoritariamente que el Ejecutivo no sabe gran cosa de economía y que lo único que han hecho ha sido corregir el documento que envió. Los senadores también han hecho sentir al Ejecutivo su peso y desde una negativa que le hicieron a un viaje al extranjero las relaciones no son muy cordiales.

El Ejecutivo ha reaccionado y ha calificado las acciones de los legisladores como “parlamentarismo irreflexivo”, “necedades”, “orgía presupuestal”, “proyecto incongruente e inviable”. El Presidente presentó una controversia constitucional ante la Corte.

El máximo órgano del Poder Judicial se encontró inmerso en un problema jurídico con evidente trasfondo político. Los solemnes e impertérritos Ministros les entraron los apresuramientos de la política y cometieron pifias reconocidas hasta por ellos mismos. Los rostros serenos y las declaraciones autorizadas de nuestros jueces se transformaron ante los apremios de los grupos de poder. Los diputados amenazan con someterlos a juicio político.

El caso del Ejército es más dramático. La PGR al difundir los datos de su investigación sobre un funcionario narcoespía, revela hechos tanto o más graves que el asunto que los mantiene ocupados. Se informa que existe un grupo de militares presos por entregar información de las Fuerzas Armadas a operadores del cártel de Juárez. La infiltración se dio en el Centro de Inteligencia Antinarcóticos. El peligro de que el Ejército, al dedicarse a cuestiones de narcotráfico también se contamine, es un hecho real. La militarización de los Ceresos, en consecuencia, se exhibe como una solución relativa y peligrosísima.

Los principales partidos políticos tienen graves acusaciones de corrupción: el “Pemexgate”, “los amigos de Fox”, los videos del Partido Ecologista y los de miembros destacados del PRD. El panorama es de un estercolero que deja deshilachadas a las únicas organizaciones reconocidas para acceder al poder público.

El Partido Verde Ecologista hace graves acusaciones al Instituto Federal Electoral y se le suman miembros de otros partidos. La autoridad electoral antes de las complicadas elecciones del 2006 ya es también vapuleada.

Esta lucha campal, este forcejeo entre los actores políticos y descrédito generalizado de las instituciones, donde todos se salpican, ha provocado por el momento la ineficiencia de la administración, si no se detiene todo esto, el día de mañana el problema será de gobernabilidad. Nada desearía más que equivocarme.

Publicado en Excélsior el 10 de febrero de 2005