Edmundo González Llaca

La concentración del poder público en una sola persona ha sido una tradición histórica en la estructura política del país. El Tlatoani es el centro y motor de la sociedad indígena, lo mismo que los virreyes en el gobierno colonial, los grandes caudillos durante nuestras luchas armadas, y los presidentes institucionales después de la Constitución del 17.

A pesar de las deficiencias y limitaciones propias de un sistema con un ejecutivo fuerte en relación a los otros poderes del gobierno, esta concentración de facultades ha tenido ineludibles ventajas para la nación. Entre otras, el presidente ha sido un factor de cohesión en la vida política y, en consecuencia, medio de estabilidad social, lo que permitido consolidar al Estado mexicano y su capacidad de negociación ante intereses privados y potencias internacionales.

Por su parte, el pueblo insiste en atribuirle al Presidente de la República todas las virtudes que escapan a la condición ordinaria de cualquier ser humano dedicado al servicio público: él es todavía el más sabio, el que todo lo ve, el que todo lo puede, el que vela nuestro sueño, el que encauza nuestra vigilia, el desfacedor de entuertos, el justiciero, el que reúne, como dice Octavio Paz, el misticismo de Cuauhtémoc y las armas de Cortés. Semejante imagen ha obligado a los ejecutivos a asumir un liderazgo activo, organizador e impulsor de reformas y cambios sociales.

Sin embargo, el fenómeno de la concentración del poder en un hombre no es exclusivo de México, sino que se torna, por lo contrario, cada vez más frecuente en la mayoría de los gobiernos de la época actual, inclusive por supuesto los socialistas. De esta forma, a los factores internos que particularizan el caso mexicano se agregan otros que son comunes a una nueva y no resulta problemática del mundo contemporáneo.

En este sentido, la complejidad creciente de las estructuras sociales y económicas, y de las propias relaciones internacionales, somete al Estado moderno a la necesidad de contar con una gran capacidad técnica y celeridad en la toma de decisiones. Estas exigencias son frecuentemente difíciles de cumplir para los cuerpos legislativos, tanto por la composición de las asambleas, con miembros que valen por su representatividad más que por la especialización de sus conocimientos, como por los procedimientos legislativos necesariamente tardados.

En cierta medida, éste parece ser parte del desafío que enfrenta la democracia moderna. Agilizar sus instituciones, dotarlas de una auténtica capacidad de gobierno y, al mismo tiempo, defender y profundizar la participación de sectores más amplios, heterogéneos, plurales, en los procesos de toma de decisiones.

Ahora bien, todos los sistemas políticos tienen sus respectivos peligros o degeneraciones. En nuestro caso, por cierto, no corremos los riesgos del excesivo parlamentarismo y sí, en cambio, los que se derivan de nuestro acendrado presidencialismo, esto es, el monopolio del poder y la falta de un permanente control social en su desempeño. Arnoldo Martínez Verdugo, candidato del PSUM, para exorcizar esos riesgos, recupera la tesis muy liberal de Montesquieu –que no de Marx- sobre la división de poderes y afirma: “… para descentralizar es necesario, primero que nada, restar atribuciones al Ejecutivo, para darlas a los poderes Legislativo y Judicial…”

Visión poco materialista-histórica de Martínez Verdugo. El problema del poder no se reduce a sumar y restar entre los órganos de gobierno, a cierta filantropía o mezquindad de los presidentes para dar o no dar atribuciones. Nuestras instituciones toman la forma de sus raíces históricas de la ubicación internacional en la que les toca actuar, de los problemas sociales concretos, las ventajas y desventajas reconocidas de sus estructuras políticas.

En esa perspectiva, resulta banal querer corregir los defectos que aún contiene nuestra democracia por la vía de debilitar al Poder Ejecutivo, como si todo consistiese en asumir ropajes que nos vistiesen mejor, como si nuestro poderes Legislativo y Judicial fallasen en el ejercicio de sus funciones por culpa de alguna ley que los coarte.

Ahora más que nunca el Estado es “unidad de acción y decisión”. Por ello, ahora más que nunca le toca a la ciudadanía controlar al poder público, pero únicamente desde el aspecto formal, ni menos aún en primer lugar como subraya Martínez Verdugo, sino desde donde este poder extrae su razón de ser, es decir, desde la sociedad.

Compartimos por eso la solución pregonada por Miguel de la Madrid: que se fortalezcan los cauces de la participación popular, las organizaciones laborales y campesinas, las expresiones políticas mayoritarias y, por supuesto, que se vigorice una oposición crítica y vigilante, que presente y represente auténticas alternativas para el país.

Es a la sociedad, en su propia vida y organicidad, a quien hay que defender y promover. En la medida en que esto se logre, no se requerirá restar atribuciones a nadie para evitar excesos y controlar al poder público; será un hecho, desde las organizaciones ciudadanas, los medios masivos, las estructuras estatales y aun desde el criticado Congreso. La oposición que olvide este detalle corre a su vez el riesgo de eludir, en realidad, sus más directas responsabilidades para terminar pidiendo seguramente al propio Poder Ejecutivo que las asuma en su lugar y dicte el decreto correspondiente. Ojalá que la visita al Zócalo no haya tenido ese propósito.