Edmundo González Llaca

Porfirio Muñoz Ledo ha sido pionero, inspirador, creador, organizador e impulsor de la Reforma del Estado. “Mil usos” del proyecto, ya no se concibe sin su presencia y orientación. Simplemente porque no existe ninguna figura política del momento que tenga su poder de convocatoria plural y múltiple. Se esté de acuerdo o no con este polémico personaje, lo cierto es que cuando interviene en la vida pública, la política se escribe con mayúsculas. En días pasados la Asociación Nacional para la Reforma del Estado celebró una reunión con la presencia del Presidente de la República y destacados personajes de la vida académica y política del país.

El tema de la Reforma regresó a la mesa de discusión con bombo y platillos, pero también con sus muy graves limitaciones.

Muñoz Ledo insiste en una “revisión integral de la Constitución”; en un empeño que culmine en un ejercicio “constituyente”. Si al hablar de un acuerdo migratorio con nuestros vecinos, los internacionalistas se refieren a ir por la “enchilada completa”, en el caso de la Reforma del Estado, su promotor no disimula en ir por el “menú completo”. Sin embargo, Muñoz Ledo no aclara como podría realizarse su ambicioso proyecto y mi impresión es que seguiremos haciendo de la Constitución un traje de arlequín, pues simplemente no existen los consensos correspondientes.

En términos inmediatos el dilema es ir por la gobernabilidad o por la coyuntura electoral que ya nos asfixia. La gobernabilidad está ligada a la eficacia de nuestra democracia y por lo tanto a la cirugía mayor del sistema político. La situación actual nos está llevando a una esclerosis múltiple de las instituciones que está impidiendo que los programas y las acciones de gobierno repercutan de una manera más inmediata en las urgencias cotidianas de los ciudadanos. La cultura del estorbo ha impuesto sus condiciones y las realizaciones apenas gotean.

En términos concretos la gobernabilidad sería meterle mano a la retribución de competencias de los tres Poderes; obviamente a la aprobación de nuevas formas de control; vigilancia y rendición de cuenta. Esto significaría modificar las competencias de la Suprema Corte, revisar las funciones de la Auditoría Superior de la Federación, del Banco de México y hasta del Instituto Federal de Acceso a la Información. No podrían quedar fuera el tema del federalismo y los derechos humanos.

En términos de coyuntura todo parece indicar que la Reforma del Estado debe enfocarse a la revisión de la legislación electoral, las precampañas, las facultades fiscalizadoras del IFE, el voto de los paisanos en el extranjero. Claramente vinculado con el tema, es indispensable la nueva Ley de Radio y Televisión.

Es en este aspecto en el que parece existir más consenso entre los actores políticos, pues todos viven problemas relacionados con los vacíos legales. PRI, PAN y PRD se enfrentan al mismo tiempo a la lucha interna por la elección de sus dirigentes y la de sus candidatos presidenciales. Si el mundo es resultado del azar y la necesidad, la política no está alejada de este axioma y a los políticos les urge aclarar las leyes electorales, antes de que el dinero del narco se filtre en sus procesos o se pulvericen en crisis internas.

La escenografía política es de terror: inmovilismo institucional, pérdida de eficacia, turbulencia interna de los partidos, descrédito de los mismos, clase política deteriorada, marcos legales obsoletos. Mi propuesta es muy limitada, pero creo que la Reforma del Estado lo primero que debe de garantizar es la legitimidad electoral.

Publicado en Excélsior el 03 de febrero de 2005