Edmundo González Llaca

Desde 1929 a ningún presidente electo se le ha impedido tomar posesión; a partir de 1934, todos los presidentes han terminado el período oficial de su cargo; desde entonces México no ha sufrido golpes militares. Datos que por la complejidad del momento ya no parecen impresionarnos pero de los cuales no puede presumir ninguno de los países latinoamericanos.

No hay duda que parte importante del mérito de la estabilidad nacional corresponde al partido mayoritario pues curiosamente México es el único país del continente que tiene una organización partidaria con una esperanza de vida política superior a la de sus dirigentes coyunturales, una organización de cuadros nacionales y locales bien establecida y, con sus limitaciones y carencias, reconocidas por propios y extraños, ha formado una clase política que ha ejercido el poder y buscado permanentemente el sostén legitimador del pueblo.

El camino no ha sido difícil. En 1968 por “conciencia de la crisis o crisis de la conciencia”, o bien simplemente por un torneo de torpezas y soberbias, se frustró la participación de algunos sectores de la opinión pública que, persuadidos de la inexistencia de posibilidades legales para su actuación política, encauzaron su militancia en la clandestinidad o simplemente en la marginación cívica.

Sin embargo, con todas las deficiencias por enésima vez identificadas, 50 años de vida institucional han auspiciado una aspiración creciente de participación del pueblo y la necesaria superación de sus dirigentes: después del trauma del 68, esto se ha reflejado en una serie de cambios en nuestro régimen jurídico-político que estimulan la integración amplísima de alternativas ideológicas y posibilidades de representación política de la oposición.

En la reforma política de 1977, por ejemplo, y además del mecanismo del registro condicionado, se estableció un número de 65,000 afiliados como requisito legal para obtener la calificación de partido político, cifra semejante a la que se exigía desde la Ley Electoral de 1973, con la diferencia de que los votantes han pasado de 15 millones a más de 30 millones en la actualidad, lo que significa que se otorga a la oposición el doble de oportunidades para integrarse en partido.

En términos gráficos, podemos decir que si todos los espectadores del Estado Azteca en un domingo caluroso y cervecero, deciden ir a la Comisión Federal Electoral, y la encuentran abierta, tienen cuantitativamente la posibilidad de formar dos partidos políticos.

En fin, no hay duda que bajo estos flexibles principios se ha conjurado el peligro de falta de cauces de participación ciudadana. Pero tampoco cabe duda que esta proliferación de senderos partidarios nos obliga ahora a reflexionar sobre el destino del país, cuya estabilidad se ha fundamentado en una voluntad popular firme y vigorosa, integrada a la corriente histórica mayoritaria y la participación de otras opciones claras y precisas.

Serán en última instancia los ciudadanos los que decidirán en las elecciones qué partidos representan auténticamente una alternativa para el país. No obstante, en la campaña, los partidos de reconocidas presencias ante la opinión pública deberán, en virtud de esta multiplicación de las opciones electorales, luchar en el campo de las ideas y la movilización de simpatizantes para demostrar con transparencia la tradición, validez, vigencia y singularidad de sus proyectos y también, como lo propone Miguel de la Madrid, combatir el error de creer que el perfeccionamiento de la democracia mexicana pueda consistir en la pulverización partidaria.

Efectivamente, el comportamiento electoral basado en esta falsa concepción de la representatividad o, en su caso, el voto por lástima o compasión a los grupúsculos minoritarios, es una irresponsabilidad y una emotividad mal entendida que se da con más frecuencia que la imaginada. Más aún, mientras esas peñas o clubes de amigos convertidos en partidos tengan una proclividad a la crítica indiscriminada o al mesianismo, propio del que sabe que, a lo más, podría ser desmentido por lo que dice pero nunca por lo que hace.

En suma, que las votaciones expresen las fuerzas políticas y sociales del país, pero que ni los ciudadanos y menos todavía las autoridades electorales hagan regalos de consolación. Si fomentamos la ficción partidaria, colaboramos a sentar las bases de nuestra lucha política no sobre el sano pluralismo de una mayoría que manda y respeta a las minorías, sino sobre una estructura de poder a su vez ficticiamente fragmentada que nos llevaría irremisiblemente a la impotencia de la política.