Edmundo González Llaca

La nueva ley de Transparencia y Acceso a la Información no fue hecha para uso exclusivo de los periodistas, pero por su derecho y responsabilidad: “buscar, recibir y difundir información”, no hay duda de que este sector es el que más debe aprovechar el ordenamiento creado. De acuerdo al informe de labores del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) no ha sido así.

Las estadísticas dadas a conocer señalan que los primeros usuarios han sido los académicos, con un 30 por ciento, el empresarial, con un 22 por ciento, el 12 por ciento el gubernamental y apenas con el 10 por ciento, los profesionales de los medios. Las razones de este desdén pueden ser atribuidas a los periodistas, a la nueva ley y al IFAI.

El periodismo de investigación no es una práctica generalizada en los medios. Al Sistema de Solicitudes de Información (SISI) los periodistas han recurrido fundamentalmente para divulgar los ingresos de los funcionarios y en menor escala a investigar los costos de algunos productos que ha adquirido el gobierno. El grueso de las denuncias periodísticas ha sido concentrado en estos dos rubros. Para el reportero que busca la nota diaria los tiempos fijados por la ley para tener acceso a los documentos son inutilizables. Las instituciones tienen hasta 50 días hábiles para resolver la entrega, en caso de negativa el solicitante se dirige al IFAI para que lo revise, lo que se lleva otra buena cantidad de días.

No sólo por los medios de comunicación sino para que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de tener un acceso a la información del gobierno en forma más fluida y rápida, varios son los cambios que se pueden hacer. En primer lugar que el famoso SISI, que ahora está funcionando bajo las órdenes de la Secretaría de la Función Pública, pase al IFAI, se evitaría toda la triangulación de la información y se le daría al Instituto una mayor razón de existencia, aún en debate.

Todas las dependencias tienen la obligación de proporcionar determinada información según los criterios fijados por el IFAI; es una obligación que se debe dar de cajón. El cambio sería que el IFAI aumente la cantidad de información obligatoria de las instituciones. Que se pueda tener acceso a una mayor cantidad de datos y procedimientos, sin la necesidad de recurrir a peticiones formales.

Otra causa que propicia la poca utilización de los comunicadores de estos nuevos instrumentos para el acceso a la información, es la prohibición para difundir la información reservada. Esta clasificación se realiza cuando se compromete la seguridad nacional, pone en riesgo la estabilidad, la defensa exterior y la seguridad interior; limite la efectividad de la moneda nacional; afecte la estabilidad del poder adquisitivo, etcétera. Los conceptos son tan amplios que prácticamente cualquier funcionario puede aducir estos riesgos. El IFAI ha tratado de restringir la discrecionalidad a la que se presta esta prohibición, obligando a la institución a probar sus argumentos y analizar el daño posible y específico que ocasionaría la revelación. De todas formas el fantasma de la negativa a las peticiones de información, ha repercutido en el ánimo de los periodistas.

Vale señalar también que la prensa no utiliza al IFAI o al SISI, simplemente porque no saben. Poco se ha hecho para orientarlos, el IFAI en su informe sostiene que han tenido 150 reuniones con gente de los medios, pero no especifican de qué tipo ni el número de asistentes. Con un dato se trató de cubrir el expediente de una evidente falla del Instituto.

PUBLICADO EL 15 DE JULIO DE 2004 | EXCÉLSIOR