Edmundo González Llaca

La historia así lo consigna, después de un escándalo político, como en los temblores, se reproducen otros nuevos de diversos tipos de intensidad. Así sucedió después de Watergate y no tiene porque ser la excepción nuestro país, donde han demostrado un gran atractivo para los políticos, que observan la oportunidad de arruinar una vida política con un video;

para los medios, que han encontrado una veta de negocio apetitosa; para la opinión pública, fascinada con todos los tramas, como de telenovela, en la que los poderosos se arrastran en conflictos de poder y en sus propios dramatis personae.

Como quien dice en cuestión de escándalos todo indica que apenas estamos calentando el brazo, o la lengua, como se prefiera.

A pesar, como lo señalamos en artículos pasados, que los escándalos tienen aspectos positivos para la vida colectiva, realmente no representan sucesos deseables como para anhelar su turbulenta existencia y menos aún para propiciarlos. Ningún país avanza con profundidad y cordura con sus ciudadanos sentados a la orilla de la butaca y, como diría mi abuelita, con el Jesús en la boca. Es necesario, ante esa posible avalancha de escándalos, reflexionar los antídotos para encauzarlos, resolverlos y obtener los mejores resultados.

De la misma forma que contra el rumor, precursor rústico del escándalo, el mejor remedio es la información. En este sentido México cuenta con la recién estrenada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, que por primera vez en nuestra historia permite a los ciudadanos conocer parte importante de la información del gobierno. El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), es el órgano encargado de que se cumpla ese derecho a la información. Esta autoridad no termina de levantar el vuelo, apenas hace unos días acaba de renunciar su Secretario Ejecutivo, frustrado por la poca eficiencia del IFAI. De seguir atascado este organismo los escándalos van a proliferar como hongos.

El IFAI tiene muchas trascendentales tareas por delante. La primera es que deje de ser una institución fantasma, que se conozcan sus funciones y se ilustre a los ciudadanos sobre la forma que pueden acceder, de manera sencilla y clara, a la información pública y los límites de la misma. Mucho tienen que discutir sus comisionados para explicarnos sobre el contenido de la “información confidencial” y que no se puede dar a conocer. Según la ley se refieren a los datos personales de los funcionarios, como es el teléfono particular, su domicilio. Información que es muy claro forma parte de su intimidad. Pero hay otros datos que no parece muy seguro deban mantenerse en secreto, como “características morales, emocionales y estado de salud mental”. Que el IFAI nos aleccione sobre esa frontera que es cada vez más tenue entre la vida pública y la vida privada de un funcionario.

Los escándalos más repetitivos son los relacionados con sobornos, la Secretaría de la Función Pública deberá multiplicar su trabajo, no únicamente para llevar el registro de la situación patrimonial de los funcionarios, sino para exigir que los burócratas expliquen sus actividades financieras y los posibles conflictos de intereses en los que pueden incurrir al realizar sus responsabilidades.

Después de los escándalos todos los poderes públicos tienen la responsabilidad de reflexionar sobre estrategias eficaces, ya sea la formación de comisiones o fiscales especiales, que puedan llevar a cabo la investigación, aclaración y sanción inmediata de asuntos que les provoquen crisis de credibilidad pública.

PUBLICADO EL 06 DE MAYO DEL 2004 | EXCÉLSIOR