Edmundo González Llaca

La izquierda no tiene problemas para identificar el problema de México y su causa, ergo, la pobreza y la profunda desigualdad económica. No hay discusión tampoco en que la exigencia de esta ideología es lograr una mayor armonía social y una mejor redistribución de la riqueza. Empiezan los jaloneos cuando se trata de identificar el “cómo” lograr estos objetivos. López Obrador, un candidato que se asume de izquierda, aunque a veces coquetea con el término de “humanista”, más identificado con el PAN, considera que para lograr una mayor igualdad entre las clases sociales, basta con ambiciosos programas asistenciales.

Al exigirle que precise de dónde va a sacar los recursos, responde que será con los ahorros que se obtengan de bajarle los salarios a los funcionarios. Si hay dudas de que le alcance con eso, responde que eliminaría la corrupción, lo que según esto haría que el gasto se estirara.

La concepción de Estado de la derecha es de un “facilitador” de los procesos económicos que estimulen las inversiones y el crecimiento; todo lo demás, la justicia y el desarrollo, se nos darán por añadidura. La idea de López Obrador es de un Estado “proveedor” que utiliza los programas asistenciales y gratuitos para compensar las diferencias. Cuauhtémoc Cárdenas pugna por un Estado social cuya presencia en la economía se efectúe por medio de tres vías: la normativa, la presupuestaria y la producción directa de bienes y servicios.

Cárdenas detalla la forma para lograr la equidad distributiva, programa esencial de la izquierda. Algunos ejemplos, desde el punto de vista normativo, sostiene que es necesario un nuevo marco jurídico de la Banca y el crédito para no quede al arbitrio del mercado sino que sea supervisado y regulado por el Estado.

Considera que es necesario reformar la ley orgánica del Banco de México y crear un impuesto a las ganancias de la Banca. Propone una reforma hacendaría estructural que incremente la recaudación tributaria, haciendo equitativa la relación entre las rentas del trabajo y del capital; reducir la tributación del trabajo e incrementar la del patrimonio. Propone la formalización del sector informal y cambios al artículo 27 Constitucional para restituir la parcela ejidal y la tierra comunal. En el caso de que los bienes públicos sean otorgados en concesión, las empresas deberán retornar los beneficios mediante impuestos.

En relación a la intervención presupuestaria del Estado, Cárdenas propone un programa de reactivación económica; una inversión que se canalice a través de un programa de obra pública; un gasto mayor en educación, salud, y en general, elevar gasto social. Apoyo y crédito a las micro y pequeñas empresas y a las comunidades productivas rurales y urbanas.

Por lo que se refiere a los bienes y servicios, Cárdenas está por una reducción de las tarifas eléctricas en función de los costos. La oferta de todo tipo de servicios públicos de calidad con prioridad a los sectores y áreas populares excluidas y empobrecidas. Elevar los servicios de salud sexual y reproductiva y apoyar programas sociales que reviertan las condiciones de desigualdad e inequidad entre los géneros.

Con el proyecto de Cárdenas que presenta en su libro “Un México para todos”, se puede o no estar de acuerdo; obviamente se abre la posibilidad de debatir, pues los conceptos y los programas están vinculados y aterrizados. Con el proyecto y los cincuenta puntos de López Obrador, no queda otra alternativa que coincidir. Es imposible discrepar de las vaguedades y la buenas intenciones. Más que una reflexión, exige un acto de fe.

Publicado en Excélsior | 01 de septiembre de 2005|