Edmundo González Llaca

Uno de los obstáculos del ejercicio del derecho al acceso a la información son los funcionarios públicos. En forma inconcebible el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores se pone al frente de toda esa burocracia amante de la oscuridad. Bien podríamos empezar por decirles con Rubén Darío: “Sal araña, no seas rencorosa, saluda al sol”.

En su informe oficial que entrega a la Cámara de Diputados el IFAI escribe: “El INFONAVIT considera que en virtud de su naturaleza jurídica (más bien a su cúpula le gana su naturaleza) no es un sujeto obligado de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y que por lo tanto el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública carece de autoridad sobre las acciones u omisiones, respecto del ordenamiento citado”.

El IFAI lo ventanea y en el mismo informe oficial le responde: “…debido a que existen tesis jurisprudenciales que sostienen que el INFONAVIT es un organismo descentralizado de la Administración pública Federal, el IFAI considera que es un sujeto obligado de la ley”. Este es sólo un ejemplo de la actitud de algunos burócratas ante la obligación de dar información. La cuidan como si fuera de ellos y la esconden con especial celo, una especie de secreto familiar, algo así como el desliz de la hija mayor. Estaremos atentos en la forma como se soluciona este diferendo, si el IFAI no le dobla las manos al INFONAVIT, rebelde y descarado, sería su epitafio. Que todos renuncien. ¿Qué podría hacer ante instituciones que no se niegan a dar información, pero la otorgan confusa o amañada? Los 215 millones que gasta el gobierno en el IFAI serían tirados a la basura.

Otro obstáculo para el ejercicio del derecho al acceso a la información es la propia sociedad. El principal motivo es la desconfianza. Creer que la autoridad va a poner a su disposición los entresijos de su organización, sus servidores, sus remuneraciones, su presupuesto etcétera, no es todavía concebible. A este recelo se suma la falta de tiempo de Juan Calle para andar pidiendo información. La mayoría de los ciudadanos no lee y menos aún escribe, opta por prejuzgar o aceptar los juicios de los que consideran sus líderes de opinión. Finalmente, otro obstáculo es la ignorancia que existe en la sociedad sobre el IFAI, sus competencias y la manera como el ciudadano puede ejercer sus derechos.

A pesar de todos estos obstáculos los resultados no son tan desalentadores y la gente está pidiendo información al gobierno. Desde que entró en vigor la ley de Acceso a la Información se han recibido cuarenta mil solicitudes. En mucho ha ayudado en que el IFAI haya desarrollado un sistema para que la petición se pueda hacer por Internet. El 93% de los solicitantes utiliza este medio. Las deficiencias en las solicitudes de los ciudadanos han sido subsanadas por el Instituto. Ante las inconformidades de los ciudadanos porque no recibieron la información o se la entregaron parcialmente, el Instituto ha estado a favor del solicitante en forma mayoritaria (en un setenta por ciento). En caso de duda el Instituto le otorga la razón al ciudadano.

El IFAI empieza acreditar que está del lado de la sociedad más que de las autoridades, algo fundamental para amainar la desconfianza. Falta una campaña de difusión más agresiva que no sólo incluya los medios de comunicación sino también los programas educativos oficiales, para dar a conocer al Instituto. Ya está el derecho de acceso a la información pero no existe una pedagogía de cómo usarlo y cómo le puede servir al ciudadano.

PUBLICADO EL 01 DE JULIO DE 2004 | EXCÉLSIOR