Edmundo González Llaca

En estos momentos en los que todos compartimos la preocupación del abstencionismo, no descartemos como causa fundamental el tema de los debates en los días previos a los comicios: las acusaciones entre todos los partidos de actos de corrupción. Si hay algo que desalienta al ciudadano para participar, es esa sensación que da la vida política de un estercolero, ya no casa del jabonero, donde, el que no cae, resbala. De todos los abismos del país, el más profundo e insondable es el de la corrupción. Sigamos con el análisis de sus causas.

“Quien no transa, no avanza”, dice el refrán popular y es la burocracia la gran matriz de la matriz de esta rima. Es fácil sacar el dedo de Yahvé y lanzar a los burócratas al fuego eterno, pero si queremos resolver el problema debemos de estar conscientes de las condiciones que los hacen tan propicios a caer en la tentación o provocarla ellos mismos. En primer lugar, bajos sueldos, poco competitivos ante la iniciativa privada y no acordes con las altísimas responsabilidades que se les asignan. El ejemplo más burdo es el de las autoridades encargadas de investigar la delincuencia organizada. ¿Qué hace un comandante, ya no digamos un simple agente, ante los regalos millonarios de los narcos o los lavadores de dinero?

A estos salarios, la mayoría de hambre, agréguese que la carrera burocrática es ingrata. Los mejores puestos nunca son asignados por méritos y las promociones pecan de lo mismo. Además de que se vive a la orilla de la butaca, la inestabilidad en el empleo es la angustia de cada día. El final del destino del burócrata no es menos halagüeño, sus pensiones y jubilaciones son de carcajada. La corrupción ha representado en la burocracia el oasis de esplendor en medio del desierto de su pobreza.

Ante este panorama, realmente depresivo, la nueva Ley de Responsabilidades y la nueva Secretaría de la Función Pública representan un rayo de esperanza. Lo ideal es que esta institución, además del cumplimiento de sus funciones, profundice en una rama jurídica totalmente abandonada: el derecho premial. Obstinados en resolver todo a partir de las sanciones, hemos olvidado que los seres humanos también reaccionan ante los estímulos y reconocimientos. Los incentivos pueden ser, tanto contantes y sonantes, como simbólicos.

No basta mejorar las condiciones de la burocracia, pues, como decían las abuelitas: “en arca abierta, hasta el más justo peca”. En otras palabras, se necesita aumentar la práctica de la rendición de cuentas y crear órganos autónomos de vigilancia, inspección y control, internos y externos. Se requiere estar pendiente de los funcionarios pero también de las grandes obras y proyectos. En esta última área, de las grandes obras, la nueva aportación es la de “testigos sociales”, asociaciones civiles encargadas de vigilar la transparencia, imparcialidad y limpieza de las licitaciones.

Estos organismos han sido últimamente cuestionados. Se alerta sobre su falta de capacidad técnica, pero también de que reciben donativos y de que sus relaciones con el gobierno son demasiado estrechas, a tal punto que corren el peligro de convertirse en instituciones paraestatales. La buena disposición del gobierno a recurrir a estos organismos despierta las sospechas de que los funcionarios están comprando avales.

De lo que se trata es simplemente que los diputados legislen sobre la actividad de estos testigos sociales; los cruzados de la transparencia deben ser los más transparentes. Ojalá que estos mismos organismos promuevan esta reglamentación. Hacer negocio de la corrupción es también corrupción.

PUBLICADO EL 10 DE JULIO DE 2003 | EXCÉLSIOR