Edmundo González Llaca

No existe en el mundo alguien que tenga menos derechos, bueno, tal vez los prisioneros afganos en Guantánamo, que un indocumentado sudamericano en México. Ser extranjero irregular es carecer de toda protección y transitar por los linderos de la nada jurídica. Aun ante un vagabundo o un teporocho, nada más siendo mexicanos, los funcionarios corruptos sienten la necesidad de cuidar ciertas formas.

Como quiera que sea, existe la posibilidad de que su abuela sea lavandera de un diputado o un hermano suyo haya conocido en su infancia al gobernador. Pero, ante un extranjero que viene del sur, la mayoría de las ocasiones más morenito y chaparrito que los nacionales, el burócrata encuentra el banquete de la arbitrariedad, hasta con la cereza que gozan los crueles, la de humillar.

El inmigrante irregular es el ejemplo “in extremis” de una causa de la corrupción en México, el ubicarse fuera de la ley. No importa que la transgresión sea mínima o incluso involuntaria, la autoridad se nos viene encima como “Hulk”. Nuestro sistema jurídico parece organizado para imposibilitar la rectificación de la conducta, lo que sin duda tiene un lado positivo, escarmentar al trasgresor, pero es tan excesivo el castigo con la comparación a la falta que la inclinación del ciudadano es sobornar a la autoridad. La expiación de la culpa ante la autoridad es tan alta que resulta más fácil buscarla de cómplice.

Hay muchos ejemplos de esto, el más cotidiano es el “no circula”. Si usted es sorprendido “in fraganti” será llevado al corralón, amenaza brutal, algo así como que Fidel Castro lo invita al paredón, además tendrá que pagar la multa y perder el tiempo. Por más o menos la cantidad de la multa, pero ahorrándose la detención del automóvil y los viajes al corralón, el agente de tránsito lo acompaña de regreso a su casa y le platica de la Selección de fut.

De lo que se trata, y eso es cuestión de investigar en cada caso, es que las normas tengan un grado de flexibilidad que no estimulen la reincidencia, pero tampoco una rigidez que sea mejor caer en los brazos del corrupto que redimirse dentro de la ley. Si nuestro sistema jurídico está alejado de las costumbres o ejerce demasiada presión sobre el usuario, lejos de provocar el comportamiento deseado, propicia lo que se trata de prohibir. Para que el lector pruebe la veracidad de esta hipótesis se le suplica que medite en pagar correctamente sus impuestos.

Imposible no mencionar esa serie de actividades que el Estado maneja con una doble moral, los ordena y reglamenta, pero sutilmente los condena, los llamados “giros negros”, o “zona de tolerancia”, en la que asume la actitud del que permite hasta donde su generosidad le llegue. Al usuario lo coloca en la culpa y en la falta de “autoridad moral” para reclamar las arbitrariedades. Estamos en el tenebroso mundo de los inspectores, que blanden los sellos de clausura ante la mínima resistencia a la extorsión.

Otra causa de la corrupción radica en la administración pública. Trámites demasiado complejos, papeleo, oscuro deslinde de competencias, “no es aquí, es en el piso de arriba”; términos no precisados para que la autoridad cumpla, “mejor vuelva mañana”. Fundamentalmente, un exceso de interacción entre el burócrata y el usuario, es decir, contactos personales en las ventanillas o en las oficinas, donde la cuestión es muy platicada. Toda esta falta de claridad y certidumbre, regado por la atención sospechosamente personalizada, es el hábitat de los coyotes y los bribones.

Toda lucha en contra de la corrupción exige de una reforma administrativa.

PUBLICADO EL 03 DE JULIO DE 2003 | EXCÉLSIOR