Edmundo González Llaca

De acuerdo a la Constitución del 17, un Presidente fuerte era el sol de todo el cosmos de nuestro sistema político. Del monopolio de su poder se desprendieron las grandes causas de la corrupción en el país. Sin ningún poder que le sirviera de contrapeso, el Presidente concentraba en su voluntad personal todas las reglas de la convivencia pública.

El poder Legislativo y el poder Judicial eran instituciones que podían actuar mientras no toparan con algún interés del Ejecutivo; obviamente, no lo vigilaban ni menos aún le pedían cuentas. Era reconocido por los tratadistas que muchos monarcas, no digamos de ahora, de la mismísima Edad Media, hubieran envidiado el poder de nuestro Presidente.

Sin embargo, aunque el Presidente contara con toda la estructura jurídica, no era suficiente para mantener su hegemonía. Las ambiciones personales de los caudillos seguían provocando una gran inestabilidad en el país. Es cuando el genio de Calles inventa el PNR, padre del PRM y abuelito del PRI, como la organización política encargada de controlar a la clase política y dar cauce a las bases populares en ascenso y vincularlas con los programas sociales de la Revolución.

El gobierno le daba todo el apoyo administrativo al PNR, a tal punto que toda agrupación que quería afiliarse lo hacía con un registro certificado por el presidente municipal. El colmo fue cuando el Presidente Portes Gil emitió un decreto en el que se obligaba a los trabajadores al servicio del Estado a cubrir una cuota para el partido, un día en los meses de 31 días.

En sus funciones, los tres partidos, cada uno en su momento histórico, de la misma forma que proveían de cuadros burocráticos al gobierno, eran gestores para que sus militantes y simpatizantes se vieran beneficiados del crecimiento económico. Si en las cúpulas el dinero era el instrumento para obtener favores y beneficios del gobierno, en las bases bastaba comprometer el voto para convertirse en sujeto de crédito. El sistema clientelar o de intercambio, creció fuerte y rozagante, alimentado por la corrupción.

Las protestas eran pocas y las posibilidades de una rebelión prácticamente nulas. La participación política en el partido hegemónico no se hacía en forma individual, sino integrado a una corporación. Los sectores dependían del Comité Ejecutivo y éste del Presidente de la República. Había una dependencia vertical y, como las corporaciones no tenían relaciones horizontales con otras organizaciones semejantes, estaban divididas. Sin autonomía y aisladas, nada tenían que hacer ante el poder presidencial.

La estabilidad política del país estaba sustentada en un mecanismo de relojería que tenía el ingrediente de una profunda sensibilidad social de los dirigentes. El único que tenía el poder era el Presidente, pero todos tenían influencia. El partido era mediador y no mediatizador, es decir, antes de manipular a los demandantes o regatear las demandas, se presionaba para obtener del gobierno un beneficio que salpicara. El penúltimo recurso era la cooptación de los inconformes y, el último, la persecución.

Conforme pasó el tiempo aumentó el protagonismo estatal en la conducción económica, lo que generó por un lado, más burocracia y, por el otro, más corrupción. La esfera política entró en franca interdependencia con la esfera empresarial, lo que generó algo más que complicidad, toda una hermandad sangre realmente indisoluble. El gobierno controlaba más actividades económicas y, al mismo tiempo, relajaba la aplicación de la ley. Si por no atinarle al grupo político correcto se caía en desgracia, el infierno sólo duraba seis años.

PUBLICADO EL 05 DE JUNIO DE 2003 | EXCÉLSIOR