Edmundo González Llaca

Dentro de las causas culturales de la corrupción en el país, no podemos dejar de mencionar a la falta de educación. El analfabetismo y la marginación están en relación directa con el abuso del poder. La corrupción nace de una asimetría en la información, con la que cuenta el servidor público y la que tiene el usuario.

La ignorancia de los vericuetos de los trámites es aprovechada por el burócrata, quien, con la orientación, resuelve y aprovecha. No es gratuito que uno de los grandes de los filones de la corrupción en México se haya dado en las instituciones vinculadas con los sectores rurales.

Si el ciudadano se rebela en contra de quien se aprovecha de su información y, superando su timidez, pretende denunciar, también se enfrenta a su ignorancia de cómo protestar. Durante el proceso normal no tiene los conocimientos ni la malicia para recabar las pruebas del atraco, lo que de inmediato repercutirá en su incapacidad para seguir un proceso en contra de su verdugo. Finalmente, al tampoco estar bien enterado de sus derechos, le aterra que su atrevimiento al acusar, redunde en una imposibilidad para obtener una respuesta satisfactoria de su petición a la autoridad.

La elevación de los niveles educativos es uno de los principales antídotos en contra del regateo que hace el funcionario vivillo por aplicar la ley.

Desde el principio lo señalamos, el fenómeno de la corrupción no es un hecho aislado y tiene un sinnúmero de causas. Hemos analizado las históricas, las culturales y las educativas; desde el punto de vista político, la gran matriz de esta enfermedad ha sido nuestro presidencialismo. Un sistema político inmaduro, personalista, basado en el monopolio del poder en un solo hombre, ha sido letal para el desarrollo honesto de nuestra administración.

El poder avasallante del Presidente, este hombre que, como decía Octavio Paz, reunía el misticismo de Cuauhtémoc y las armas de Cortés, simplemente no tenía limites. No se movía una hoja de la administración pública sin su voluntad; todas las decisiones emanaban de él o tenían que pasar por su aprobación y control. El famoso anhelo de Calles de hacer de México un país de leyes y de instituciones, fue una quimera hasta hace pocos años. La discrecionalidad, líquido amniótico de la corrupción, es su espacio natural, por eso también al Presidente le decían el “Reglas”. Él las fijaba, las cambiaba y las interpretaba. Por supuesto, ni quien reclamara la posibilidad de que rindiera cuentas.

Esta omnipotencia chicharronera tenía varios rostros: que el Presidente tuviera como única ley su capricho personal; pudiera designar a los funcionarios, no por sus méritos profesionales, sino por su capacidad de lealtad y complicidad; mantuviera un maridaje con el sector empresarial y distribuyera los favores, las autorizaciones y las grandes obras, de acuerdo a sus preferencias y afectos.

Este esquema de poder se filtraba en todas las jerarquías de la pirámide. Desde el secretario hasta el humilde jefe de oficina buscaban el atajo a la ley; todos los funcionarios estaban conscientes que su vida burocrática duraría lo que su influencia; imposible en pensar en una jubilación. El cargo era temporal y había que pertrecharse para un futuro incierto. Finalmente, los empresarios, lejos de presionar para dar mayor objetividad e imparcialidad a las relaciones del poder económico y el político, optaban por buscar el “contacto” o atinarle al porcentaje que los incluyera en el padrón de los privilegiados. La legalidad y la honestidad eran en el país espasmos milagrosos.

PUBLICADO EL 29 DE MAYO DE 2003 | EXCÉLSIOR