Edmundo González Llaca

No castigar a los corruptos es una de las grandes causas de la corrupción en México. La impunidad da más confianza a los corruptos y estimula a quienes por primera vez desean incursionar en conductas delictivas. A los ciudadanos los frustra, dejan de creer en las leyes, las instituciones y, por supuesto, en los funcionarios.

Las cifras nos hablan de la dimensión del problema, menos del diez por ciento de los delitos denunciados recibe atención de la justicia, si a este porcentaje restamos los que terminan en la aplicación de la sentencia, llegamos a la triste conclusión de que la aplicación de la ley no es lo normal sino lo verdaderamente milagroso.

Antes de todo acto delictivo es de elemental previsión evaluar las posibilidades de los beneficios a recibir y los costos a pagar. En el caso de la corrupción, el delincuente observa con gran inmediatez las ganancias y analiza la sanción, por experiencia, ninguna y remota. Un funcionario pillo me platicaba sobre su reincidencia, decía: “Pedirle dinero al usuario es como pedirle a una mujer que vaya a la cama. Chance y te diga que sí, a lo más que te arriesgas es a que te diga que no, y no pasa nada. Ya ni quien te denuncie ni menos aún que te den una cachetada”.

La impunidad hace de la corrupción una espiral sin fin: el funcionario viola la ley, el ciudadano reclama castigo, las autoridades no cumplen, el servidor público se pasea orondo, víctimas y testigos se resignan impotentes, ya sólo implorando que el denunciado no vaya a tomar venganza. En el futuro serán ciudadanos pasivos, anhelando estar del lado de la barandilla de los corruptos, mascullando la frase popular: “Quien no transa no avanza”.

La corrupción se ha adaptado a las circunstancias del país. Cuando había un monopolio del poder y una ausencia de leyes que reglamentaran determinadas conductas sociales, la práctica era que el funcionario extorsionara al ciudadano; le exigiera dinero sin ninguna clemencia. Sin tener para donde hacerse, el usuario acataba resignado lo que se le solicitaba. Al crearse los ordenamientos jurídicos y una mayor vigilancia a la función pública, la corrupción se enfoca al soborno, es el particular quien ahora se aproxima al burócrata para tentarlo.

Evidentemente el ciudadano no desea desembolsar dinero y se resiste a caer en las redes del servidor, le toca a éste empujarlo con cuidado y sutileza al abismo. Varias son las estratagemas. La primera de ellas es la interpretación de la ley. Todos los ordenamientos jurídicos tienen la posibilidad de diferentes interpretaciones, es la discrecionalidad del funcionario la que conoce o se le hace saber al usuario, otra gran causa de la corrupción en el país. Ese margen de libertad es la gran coartada del corrupto para inclinar la balanza de la ley o para otorgar la concesión solicitada, todo al mejor postor.

En el remoto caso de que la ley sea a tal punto precisa que le impida al funcionario tener espacio para mercadear su decisión, la estratagema es enredar el asunto con la exigencia de requisitos o la aplicación de un sinnúmero de reglamentos que llevarán al usuario a la desesperación. Ya no es la orientación de la libertad del funcionario lo que impulsará al ciudadano a corromperlo, es el tiempo el gran aliciente para el soborno. Nadie se quejará de que las cosas no salen legalmente, pero exigirlo, rápidamente, ya implica una “aceitada” de la maquinaria.

En el fondo de todas estas causas de corrupción subyacen: leyes ambiguas, discrecionalidad, exceso de reglamentación, burocratismo, ausencia de controles y vigilancia de los funcionarios.

PUBLICADO EL 26 DE JUNIO DE 2003 | EXCÉLSIOR