Edmundo González Llaca

Lo más grave del escándalo de la evidente corrupción de Arturo Montiel, no fue la exhibición del sinnúmero de sus propiedades, ni siquiera su cinismo de presentar la renuncia a su pre candidatura como un acto honesto, ni la difusión de que uno de sus hijos pagó en efectivo la cantidad de veinte millones de pesos ¿Cuántos portafolios llevaría? No, lo que vino a poner a la ciudadanía como el “Hombre verde”, con doble dosis de guacamole, fue la rabia que provocó la pasividad del gobierno y la complicidad abierta de la dirigencia de su partido.

La Procuraduría General de la República, se negó a intervenir en el asunto y el PRI lo escondió en el closet, al grito de lo que quieran con él lo quieren conmigo. La sensación del ciudadano de a pie ha sido de impotencia y frustración ante semejante alianza mafiosa. Los ciudadanos estamos solos, absolutamente solos, ante las pillerías de los gobernantes. No es de extrañarse la adhesión espontánea de miles de mexicanos a la cruzada del escritor Germán Dehesa de investigar a Montiel. Algo tenemos que hacer, ya no es posible semejante descaro e impunidad.

El hartazgo ante la delincuencia es generalizado y las sociedades buscan otra forma de reclamar y hacerse justicia. Me llamó la atención el método de castigo de una comunidad indígena maya de Guatemala, Santa Cruz del Quiché. Hace una semana los ciudadanos detuvieron a un joven de 18 años cuando, tras romper el cristal de un coche, huía con el radio que se había robado. Se olvidaron de los procedimientos legales y de las autoridades reconocidas, convocaron a un grupo de ancianos de la comunidad y los organizaron como un tribunal.

Los jueces escucharon a las partes y condenaron al acusado a veinte azotes en público y a ser expulsado del pueblo. De acuerdo con la tradición en el castigo debía formar parte un pariente del quien con su conducta había violado los valores comunitarios y alterado la paz. La razón es que el castigo y la humillación pública también salpica a la familia. El pariente también es verdugo para “limpiar el honor mancillado” y que la casa no sufra el repudio de la comunidad.

Varios vecinos fueron a buscar las varas de membrillo, mientras otros se dirigieron con el condenado a la calle principal de la ciudad. Ya reunidos, los indígenas ancianos le explicaron al ladrón lo grave de su falta y la necesidad de un proceso de purificación para que enmendara su conducta delictiva. Primero le dieron los azotes y luego le pidieron que hablara. El flagelado tomó la palabra, reconoció públicamente su delito, pidió disculpas a todos y prometió que cumpliría firmemente la condena que le dieran.

Los ancianos acompañaron al pillo hasta la comunidad vecina, donde explicaron a las autoridades indígenas locales lo que había sucedido. Encomendaron al ladronzuelo para que le hicieran “marcaje personal” y lo ayudaran a su regeneración.

¿Qué vamos hacer los mexicanos con tal grado de corrupción de los gobernantes? De entrada, como los mayas, no creer en las autoridades responsables y ejercer los ciudadanos la acción penal. ¿Después? Tal vez pedirle a la Secretaría de la Función Pública que siembre membrillos en todos los camellones, pues los castigos de las leyes no parecen desalentar a los corruptos.

Al final le preguntaron a uno de los jueces porqué no metían a la cárcel al delincuente, contestó: “Quienes van a la cárcel de los ladinos sólo llegan a aprender nuevas técnicas para delinquir”. Es el problema de nuestros sistemas carcelarios, pero esa es otra historia de horror y corrupción.

Publicado en Excélsior | 10 de Noviembre de 2005 |