Edmundo González Llaca

Peter Eigen, el fundador de Transparencia Internacional, tuvo una idea que representó un parteaguas en la lucha contra la corrupción, su organización evalúa ciertos fenómenos relacionados con la falta de probidad en los servicios que otorga el gobierno y califica a los países con un rango numérico de cero a diez, donde cero significa “muy corrupto” y diez, el extremo opuesto, “muy transparente”. El listado es parecido a las clasificaciones que hacen los organismos de box, lo que es muy divertido, pues pone en competencia a los países, los compara y provoca los consecuentes escándalos internacionales.

Los informes han perdido importancia por varias razones: se han destacado problemas en la metodología; existe vaguedad en el concepto de corrupción que se utiliza y se cambia en forma permanente los países que se evalúan. Por si fuera poco, los organizadores no toman muy en serio sus mismos resultados. Por ejemplo, a pesar de que México va de bajada en la escala del 2005, Eigen declaró que el Presidente Fox y su equipo “hacen lo correcto”. Si hicieran lo incorrecto ya se hubiera vendido el país. A pesar de estas limitaciones los resultados de Transparencia son de tomarse en cuenta, por las reacciones mismas que producen en los gobiernos.

Eduardo Romero Ramos, Secretario de la Función Pública, declaró ante el depresivo panorama: “El retroceso tiene que ver con el Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial, que ubicó a México en el lugar 55, siete lugares por debajo de su posición del año pasado, cuando ocupó el sitio 48”. Romero Ramos no coincide con el Presidente, quien cuando comentó la información del Foro Económico Mundial, atribuyó el resbalón a la falta de realización de las reformas estructurales que en vano ha impulsado. ¿Quién tiene razón en su hipótesis? ¿Vamos para atrás por no realizar la reforma fiscal, la laboral y la energética? ¿Cuesta bajo es nuestra rodada por la falta de honradez?

A Romero Ramos parecen darle la razón los empresarios, que recientemente informaron que gastan 52 mil millones de pesos en mordidas. Según el Banco Mundial los empresarios tienen que calcular el veinte por ciento más de su nómina en el pago del aceite que haga moverse la maquinaria burocrática. Ese gasto evidentemente encarece el precio de los productos y las empresas pierden competitividad en el mercado internacional.

Independientemente de quien tenga razón, si el Presidente o Romero Ramos, el hecho más claro es que el gobierno parece haber arriado banderas en la lucha contra la corrupción, lo que es de lamentar, pues fue una de sus causas fundamentales en campaña electoral. Anteriormente, cuando ocurría alguna irregularidad en la administración, el gobierno reaccionaba de inmediato, la mayoría de las ocasiones despidiendo a los sospechosos, así fue con las costosas toallas y los lujosos colchones; en la Lotería Nacional y por el tráfico de influencias. Se percibía el propósito de que nada enturbiara lo que era motivo de presunción.

El libro “La Familia Presidencial, de las periodistas Anabel Hernández y Arabelí Quintero, todo cambió. Las denuncias no provocaron mayor reacción por parte de Presidencia, simplemente se dijo que se trataba de calumnias, se opuso la palabra del Vocero a la de las investigadoras, que con pelos y señales documentaban las irregularidades. Ahora con lo de Arturo Montiel y la exhibición de su compulsiva obsesión por los bienes y raíces, el gobierno federal tampoco se ha comprometido ni a una investigación. La sombra de la complicidad es inevitable y no es para alegrar a nadie.

Publicado en Excélsior | 27 de Octubre de 2005|