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AUDITORÍA DE INTEGRIDAD Y DESARROLLO PROFESIONAL
(Una alternativa para combatir la corrupción)
¿Por qué una Auditoría de Integridad y Desarrollo Profesional?
Según los organismos económicos internacionales, si un país aplica medidas efectivas contra la corrupción puede mejorar a largo plazo en 400% su renta per cápita; la inversión extranjera calcula que en países corruptos es necesario pronosticar un 20% adicional a sus gastos normales; investigaciones en el país afirman que un mexicano que gana el salario mínimo dedica hasta el 10% de su ingreso en el pago de “mordidas”. Nada provoca mayor indignación que los escándalos por la deshonestidad. Tras de cada gobernante que ha caído en el mundo en los últimos diez años, ha habido una protesta contra sus pillerías; tras la crisis interna de los partidos hay una prebenda mal habida. Los ciudadanos quieren que el gobierno sea ordenador, justiciero, educador, proveedor pero, sobre todo, austero, transparente, controlador, fiscalizador y honesto. No hay mayor peligro para el progreso económico y la estabilidad política de un país que la corrupción.
¿Qué es la Auditoría de Integridad y Desarrollo Profesional?
Es un instrumento para combatir la corrupción y aminorar sus efectos, que consiste en un examen crítico y metódico de otras auditorías; de las normas internas, externas e internacionales; de las denuncias recibidas, de los procedimientos y los servicios, con el propósito de cotejar la realidad de la actividad pública con los principios éticos de la institución y el desarrollo profesional de su personal.
¿Cuáles son los objetivos?
Que bajo un enfoque integral, que considera a la corrupción no solamente como un problema de legalidad o contable, sino en toda su complejidad, analizar el fenómeno de la corrupción en sus causas profundas, proponer medidas preventivas y sugerir soluciones.
Que el usuario de los servicios públicos reciba aquello lo que tiene derecho y se le facilite cumplir con aquello a lo que tiene obligación, teniendo como único límite los intereses superiores de la nación y los costos presupuestales.
Que el gobierno obtenga la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, en sus gobernantes y en las decisiones públicas.
Que los servidores públicos mejoren su conocimiento, capacidad, honestidad y espíritu de servicio en la tarea que realizan.
Que los ciudadanos fortalezcan su cultura de legalidad; desarrollen una ética de participación y denuncien los actos deshonestos.
Que se mejoren las condiciones laborales de los servidores y las relaciones internas entre los diversos niveles jerárquicos.
Que se aumente la satisfacción profesional y personal de los burócratas y esto se vea reflejado en un mejor rendimiento en su jornada laboral, en una mejor atención a los usuarios y en una conducta de mayor integridad ética.
Que se mantengan relaciones comerciales legales, claras y transparentes con los proveedores de productos y servicios a las instituciones públicas.
¿Qué relaciones tiene la Auditoría de Integridad y Desarrollo Profesional (AIDP) con otras auditorías?
El problema de la corrupción no gravita simplemente en una incongruencia en los números o en un abuso de la ley. En virtud de que el fenómeno es mucho más amplio, la AIDP no pretende sustituir a todas las formas de control y evaluación de la administración sino que, en algunos casos, las incluye y siempre las complementa. Lo ideal es que el creciente interés del Estado y los particulares en los certificados de calidad se extienda a las Auditorías de Integridad y Desarrollo Profesional. A este propósito colabora la presión de la sociedad, de las empresas y del mercado internacional que desea que los gobiernos intensifiquen la cruzada contra la corrupción.
¿Qué aspectos evalúa?
Todos los elementos que inciden en el acto corrupto. Es una visión holística, integral, que alberga el análisis exhaustivo de, entre otras cuestiones, el marco jurídico, el código de ética, los procedimientos administrativos, el desarrollo profesional, el control, la transparencia y la rendición de cuentas, las sanciones, los estímulos a los trabajadores.
¿Quién evalúa?
Un grupo externo especializado en los temas analizados, apoyado y asesorado por los funcionarios públicos, los representantes de los trabajadores, los usuarios y la sociedad civil.
¿Cómo se evalúan los valores éticos?
Se hace una investigación en la que se coteja el conocimiento y la percepción de los valores de los trabajadores con los consagrados por las leyes, la jurisprudencia, el código de ética de la Institución y de las profesiones que más inciden en el servicio prestado por la dependencia. Se indagan los valores reconocidos nacional e internacionalmente y los plasmados en el sistema educativo nacional.
¿Por qué no realiza directamente el gobierno la AIDP?
Porque sería juez y parte y no tendría ninguna credibilidad, porque no tendría ni los recursos ni el personal suficiente. Un ejemplo ya experimentado de búsqueda de soluciones por estos motivos se dio cuando el gobierno fue impotente para luchar solo con sus propios recursos contra la contaminación, y abrió la vigilancia a despachos particulares. Como en el caso de las auditorías ecológicas, el gobierno registraría a los auditores, los controlaría, vigilaría su eficacia y los sancionaría.
¿Existe algún antecedente en otros países?
No. Los especialistas coinciden unánimemente en la necesidad elaborar una auditoría especializada que abarque todos los problemas relacionados con la corrupción, pero, para no hacerlo aducen el grado de complejidad. El solo hecho de que México implante una auditoría semejante elevaría su imagen internacional y sería un testimonio contundente de su compromiso contra la corrupción
¿Cuáles son los requisitos?
El real deseo de poner en práctica la AIDP y de asumir con toda la fuerza del gobierno los deberes, las acciones y consecuencias de enfrentar los obstáculos y las exigencias de establecer una verdadera política de integridad y desarrollo profesional del servidor público.
Que los altos funcionarios sean el paradigma de la capacidad, el cumplimiento de la ley, el convencimiento de los principios éticos y la congruencia en su acción pública.
- La capacidad crítica y autocrítica.
Buscar la verdad y la razón de la actuación de todos los servidores públicos, que permitirá la actualización permanente de los diagnósticos y las soluciones del problema de la corrupción.
¿Cuáles son los beneficios que se obtienen?
Para el gobierno internamente
Se amplía y consolida la representatividad y la legitimidad a través de un gobierno eficaz, eficiente y con espíritu de servicio; se establece un garante del respeto al Estado de Derecho, la ética pública y la gobernabilidad; se impulsa el crecimiento económico y el desarrollo social sobre la base de la capacidad y la honestidad.
Internacionalmente
Se prueba ante la comunidad internacional que la lucha contra la corrupción va en serio; se estimula una mayor inversión extranjera; se obtiene un apoyo más amplio de los organismos económicos internacionales a los programas sociales del gobierno; se logra una mejor asignación y un mayor ahorro en los recursos asignados.
Para la institución
Hay mayor fluidez en los asuntos, lo que repercute en ahorro de tiempo, de recursos y de cargas de trabajo; mejora su coordinación con otras instituciones; se mejoran las relaciones entre la institución y sus servidores; se gana la confianza de la sociedad; la institución permanece ajena a los disturbios y escándalos de la deshonestidad;
Para los trabajadores
Elevan su capacidad profesional; tienen mejores oportunidades de ascenso; se premian los méritos objetivos y la actitud íntegra; se obtienen nuevas formas de reconocimiento; existe un mayor sentido de responsabilidad y compromiso con los usuarios y la institución; aumenta la certidumbre en el trabajo.
Para los usuarios
Se acrecienta la confianza en los servicios y en los servidores públicos; se reducen el tiempo y los costos de los servicios; existe un mayor control y vigilancia sobre el comportamiento ético de los servidores; aumenta su cultura ética y jurídica así como su capacidad de denuncia.
Para los empresarios
Se terminan la discrecionalidad y la incertidumbre en el trato con las autoridades y se establecen las condiciones para planear estrategias de mercado; la competencia es más limpia y basada en causas objetivas; disminuyen los costos y los precios de los productos; aumentan su capacidad de competitividad en el mercado global.
Para la sociedad
Hay un mayor respeto a los derechos humanos de los ciudadanos y los grupos sociales; los servicios públicos reducen sus costos; se avanza en la justicia social y se consolida la democracia; los ciudadanos cumplen, en número creciente, más fácilmente con sus obligaciones; mejora la eficacia, la efectividad, la honestidad y el espíritu de servicio de los servidores públicos; se amplía la autoestima nacional; existe una mayor disposición para asumir positivamente las responsabilidades sociales y defender la paz social.
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