Edmundo González Llaca

Cuando el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública invitó a la “Semana Nacional de Transparencia”, me pareció francamente mucha la presunción de los organizadores ¿Toda una semana? ¿Y nacional? Al leer el programa me percaté que no solamente intervendrían los funcionarios de la dependencia,

sino también académicos especializados en el tema, periodistas, organizaciones gubernamentales usuarias de sus servicios, miembros de institutos de otros Estados, de organismos con los que entra en confusión de competencias, como el IFE, y hasta los ya muy identificados críticos de la institución.

Francamente pensé que se trataba de una simulación. La otra hipótesis era que la presidenta del instituto, María Marván Laborde, con la que nunca he cruzado una palabra, estuviera instalada en la soberbia. Interesado en la cuestión, pero sobre todo, como buen mexicano amante de ver correr la sangre burocrática, decidí asistir.

No, pues sí. La institución se sentó, por su puritita voluntad, en el banquillo de los acusados. Los participantes hablaron largo y extenso, criticaron que fue un deleite. Incluso nuestro compañero periodista Julio Pomar, reiteró la postura del Club Primera Plana, que sea derogada la Ley de Transparencia y desaparezca el Instituto. No me extiendo en el reconocimiento, baste decir que prácticamente todos los participantes felicitaron a los organizadores. Yo, como Luther King, tuve un sueño: que todas las instituciones del Estado festejaran así sus aniversarios. Que no solamente quien preside la dependencia rindiera un informe, luego hablara el Presidente y hubiera una ofrenda floral, sino que funcionarios y actividades públicas se sometieran al soplete de todos los interesados. Que hubiera la semana de la agricultura, la hacienda pública, el turismo; que lo que hoy fue un precedente se hiciera una costumbre.

Quizás el principal problema del Instituto de Acceso a la Información es lo poco que se le conoce. Esto es evidentemente una culpa de sus funcionarios, pero es una responsabilidad que compartimos todos, por supuesto, los que tenemos la oportunidad de dirigirnos a la opinión pública. Así que les comento muy brevemente. Todos los ciudadanos tenemos el derecho de conocer la información que está en poder del gobierno, salvo casos excepcionales. Este Instituto es el órgano encargado de promover y difundir (hasta ahora muy mal) el ejercicio del derecho de acceso a la información. En última instancia lo que hizo el Presidente Fox con la Ley de Transparencia y el Instituto, fue dar vigencia al artículo sexto constitucional que garantiza el derecho a la información y al octavo, que consagra el de petición. Pasaron años, décadas, para que el Estado mexicano cumpliera con el constituyente.

Este derecho tiene muchos obstáculos. No sé si nos viene de los indígenas, los españoles, el mestizaje o de los primeros orientales que llegaron por el estrecho de Bering, el resultado es que tenemos una afición compulsiva por la media luz o la franca oscuridad. La máxima materialización de nuestro gusto por la penumbra es el poder público, que por esencia es misterioso y distante. Obviamente silencioso, espacio propio de lo enigmático. El Instituto debe enfrentarse a funcionarios públicos que se sienten dueños y señores de toda la información que generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan. Quien lo dude que le pregunte al INFONAVIT, quien al parecer sólo le podrán sacar información con tehuacán y chile piquín o ya de perdida con un militar gringo traído de Irak. Bueno, luego le seguimos.

PUBLICADO EL 24 DE JUNIO DE 2004 | EXCÉLSIOR