Edmundo González Llaca

No creo que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) haya cumplido con los grandes objetivos que se le han fijado. No se escatiman sus avances positivos, el esfuerzo y buena voluntad de sus integrantes, pero de acuerdo al lenguaje romántico: “El por qué de su existir”, no lo termina de acreditar. Diría mi tía la dermatóloga, al grano.

Una de las tareas del Instituto es la promoción, a escala nacional, del derecho al acceso a la información. Hasta el momento sólo doce Estados, así como el Distrito Federal, han desarrollado sus marcos normativos, algunos de ellos, como es el caso del DF, verdaderas burlas a la ciudadanía. La mayoría de las entidades federativas ponen los sueldos de los funcionarios pero no los desglosan, no publican su lista de proveedores y ejecutan otras estratagemas para hacer turbia la supuesta transparencia. En la esfera municipal el drama se convierte en tragedia, son contados los que cuentan con reglamento. Con decirles que hay más leyes que comisionados, pues hay organismos que todavía no están en funciones.

El espectro de los que lo utilizan este derecho es muy localizado. El 60% de las solicitudes provienen de habitantes del DF. De los 39 mil solicitantes en un año de vida del IFAI, 36 mil lo hicieron por Internet. No se sabe ni de mecanismos jurídicos o administrativos que tomen en cuenta a los indígenas.

Podemos decir que en México el derecho al acceso a la información es poco utilizado, centralista, de clase mediero para arriba; de gente educada, diestra en la diestra en la cibernética y, por supuesto, sólo para los que hablen y escriban “castilla”. Curiosa, o lógicamente, los que más padecen la opacidad del sector público, son los grupos sin estas características.

No olvidemos que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y el propio IFAI, fueron creados principalmente por la exigencia internacional de luchar contra la corrupción. México tuvo un destacado papel en esta cruzada, no fue casualidad que haya sido en Mérida donde se celebrara la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. En uno de sus artículos establece: “Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones cuando proceda”.

Le pregunto al talentoso comisionado del IFAI, Juan Pablo Guerrero, sobre el tema, él considera que efectivamente ni la LFTAIPG ni la labor del Instituto han colaborado de una manera relevante a inhibir la corrupción. Sostiene que la razón principal es que la información y la transparencia no se encuentran todavía en la consideración de la ciudadanía, de la misma forma que la corrupción. En otras palabras, la sociedad todavía no termina de asimilar que en la persecución de la deshonestidad, estos instrumentos son determinantes; pueden y deben utilizarse para este propósito.

Creo que ese objetivo de la LFTAIPG, de favorecer a la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el desempeño de los sujetos obligados, no puede cumplirse mientras las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos sean confidenciales. ¿De qué manera el ciudadano puede convertirse en vigilante, si no puede cotejar lo que gana el funcionario con lo que tiene? El ejemplo del Presidente, de dar a conocer su patrimonio, no cundió en la administración.

PUBLICADO EL 22 DE JULIO DE 2004 | EXCÉLSIOR