Edmundo González Llaca

“La censura ha perdido a todos aquellos que han querido servirse de ella”. Chateaubriand

En la mayoría de los periódicos que circulan en México se publican más columnas políticas de rumor, es decir, de aquellas a las que en la mayoría de sus asertos se antepone el “se dice”, “se comenta”, o simplemente “corre el rumor”, que columnas editoriales. Este engendro de periodismo es reflejo de un sistema en el que todavía la lucha política no se basa en los méritos objetivos, sea de valor ideológico o de militancia de los participantes, sino que parte de su promoción depende de relaciones subjetivas de amistad o de dudosa lealtad.

Pero esta proliferación de las columnas de rumor también pone de manifiesto la existencia de comunicadores sociales que medran con la falta de participación ciudadana y el restringido consenso de algunos funcionarios públicos, colaborando activamente a la pobreza de la información recibida por la opinión pública del país.

De la misma forma, el caso de Miguel Lerma Candelaria, político más espléndido que Santa Clos y los Santos Reyes juntos es resultado, tanto de la ausencia de vigilancia y control sobre los fondos públicos, como testimonio de lo susceptible que son algunos periodistas a los coches, casas y viajes.

Nadie duda que la estructuración de un Estado auténticamente democrático exige como corolario gobernantes legitimados, gracias a una opinión ciudadana plural en su información, plenamente libre en su expresión y rica en el número de sus participantes. Por ello, hay necesidad de romper todo tipo de posible complicidad entre los trepadores del poder público en base a la compra de líneas ágata o de tiempo de adulación en radio y televisión, y los pseudo periodistas dedicados a promover obscuras carreras, calumniar o vender seguridad.

A partir del primero de diciembre, Miguel de la Madrid ha llevado a cabo las primeras medidas para la depuración y autenticidad de nuestras relaciones de convivencia política. Se han reglamentado los ingresos de los funcionarios, se ha buscado mayor transparencia en el presupuesto, se sanciona con rigidez la desviación de partidistas para promover campañas personales de propaganda, etc. Lo ideal hubiera sido complementar estas históricas medidas con la reglamentación del derecho de información. Sin embargo, se optó por legislar sobre facciones de los códigos civil y penal que, aunque aparentemente limitadas en sus efectos, repercuten sobre todo el sistema de comunicación social, incluso, por supuesto, en los que “marchantean” la información.

Ahora bien, sea por la vaguedad de la redacción del proyecto, por la asociación que se hace con el torpe decreto de objetos obscenos, o en su caso simplemente por la capacidad de manipulación de los turbios intereses afectados, lo cierto es que la discusión ha provocado desde la división en el seno de los mismos partidos políticos, la confusión en la opinión pública, hasta el recelo entre ampliar pociones de ante los mayores peligros de la comunicación, ante los más nefastos anticonceptivos de la creatividad y la crítica: el miedo y la autocensura.

El Estado, por su parte, se ha apresurado a subrayar que las reformas no tienen dedicatoria en contra de la prensa, y ha sido tal la vehemencia manifestada y la sensibilidad que real o ficticiamente se ha despertado, que se corre el peligro de aprobar las iniciativas, pero que éstas queden guardadas en ese hermoso cartapacio de las leyes inaplicables.

Finalmente, todas estas circunstancias se han manifestado con un abierto espíritu provocador y maniqueo. Si el Estado aprueba las normas, se pretende encerrarlo para el resto del sexenio en el estereotipo de abusivo y violento como lobo feroz; si no las aprueba o las difiere, se convertirá en frágil y blandengue como caperucita.

Al senado corresponde la destrucción de esta falsa disyuntiva. Firme en el propósito de la necesidad ineludible de evitar cualquier tipo de impunidad individual o de grupo, deberá sin embargo demostrar la máxima flexibilidad abriendo un compás de espera que permita una participación más amplía y popular en los proyectos.

El debate hará la luz. El análisis ponderado ayudará a desenmascarar a los falsos periodistas que, encubiertos en el limbo jurídico actual, defienden fueros y privilegios de casta medieval. La discusión permitirá que auténticos periodistas y organizaciones propongan alternativas para el ejercicio más libre y crítico de su profesión.

Si no se hace de esta polémica una guerra santa, si no se apresura una decisión, la sociedad y el Estado deberán salir fortalecidos, pues tendremos ciudadanos confiados en la validez de sus instituciones: gobernantes legitimados en el ejercicio prudente del poder, pero sobre todo, daremos un primer paso hacia la conquista de un sistema de comunicación nacional sin mordaza, pero sí con responsabilidad.

23 de diciembre de 1982