Ellas cuidan al mismo tiempo el bien colectivo y el individual; son ordenadoras y pedagogas. Su acción no sólo propicia la justicia y la virtud, sino que permiten “distribuir la inteligencia”. Para cumplir este propósito la técnica legislativa debe abarcar el mayor número de campos, sobre todo los del gobierno.

En los conflictos entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, de la misma forma que en la cuestión del desafuero, salieron a la luz los grandes huecos en nuestras leyes, creadas en épocas en las que era inconcebible un poder legislativo en el que la mayoría no fuera del Ejecutivo ni menos aún se contemplaba que pudiera existir una pugna entre el Jefe del gobierno capitalino y el Presidente. No tenemos lagunas jurídicas sino auténticos océanos.

Pero la justicia, sigue considerando Platón, requiere no sólo de leyes sino de buenos jueces, escribe: “Una ciudad bien preparada con unas leyes bien hechas en manos de magistrados incapaces no solamente no se sacaría ningún provecho de estas leyes buenas, sino que resultaría algo realmente cómico, que de ellas nacieran los peores daños y perjuicios que puedan caer sobre una ciudad”. Estos jueces exigen de autonomía en relación con los ciudadanos y con los otros poderes. Es una autonomía que no garantiza eficiencia, pero al menos evita que las sentencias sean contaminadas por intereses extra legales.

En México el Ministerio Público depende del Ejecutivo, lo que politiza la persecución y la sanción de los delitos. Estoy seguro que no hubiera sido posible el problema de El Encino ni lo del desafuero, si el Procurador General hubiera sido autónomo del Presidente Fox y el del Distrito Federal de López Obrador. Es iluso pensar que alguna vez estos funcionarios ejerciten la acción penal contra sus superiores.

El último conflicto que echó luz sobre la perversión de la dependencia de los poderes fue el caso del Pemexgate, la Secretaría de la Función Pública sancionó con multas multimillonarias a varios de los supuestamente involucrados. Esta Secretaría es la que se encarga de la lucha contra la corrupción en el gobierno federal, el problema es que su titular es designado por el Ejecutivo, es su empleado, como lo son los otros secretarios. Esta subordinación provoca que la autoridad sea automáticamente descalificada por los afectados al considerar que responde a intereses partidistas.

Pero no sólo eso, sino que la Secretaría de la Función Pública es la responsable de la denuncia, el procedimiento y la sentencia; actúa como juez y parte. Esta misma Secretaría, consciente de esta crítica, elaboró un proyecto de ley para que sea el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la autoridad sancionadora, lo que garantizaría mejor la imparcialidad. Hasta el momento no se sabe del destino de esta iniciativa.

Para que la justicia no permanezca como un sueño inalcanzable, necesitamos depurar nuestras leyes de acuerdo a la nueva pluralidad del país y contar con órganos juzgadores autónomos y ajenos a la política.

Publicado en Excélsior el 19 de mayo de 2005