Edmundo González Llaca

Si no modificamos la Ley Federal de Acceso a la Información y aumentamos las facultades del órgano intermedio entre las autoridades y los titulares del derecho, el Instituto Federal de Acceso a la lnformación, que por el momento aún representa un avance en el control de la administración pública,

puede convertirse en una camisa de fuerza y hasta en un factor de retroceso en la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Los sujetos políticos tienen inclinación a la oscuridad y a la tradición criptocrática, que es la atmósfera de la decisión discrecional y la impunidad.

En estos momentos podríamos decir que el acceso a la información está en penumbras, si no aumentamos la transparencia, la zona neblinosa del poder público crecerá hasta transformar la ley y el Instituto, de verdugos en cómplices. Sigo pensando que es clave tener acceso a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios. Se argumenta que es información confidencial y que existe el peligro de la delincuencia. El privilegio de servir a la sociedad, de ser servidor público, debe tener como principal tributo estar sometido al escrutinio de todos y de ir al frente, en el padecimiento de los riesgos que provoca el sistema económico y político. Sólo conociendo lo que ganan, pero también el patrimonio de los funcionarios, cada ciudadano puede volverse un inspector del enriquecimiento ilegítimo.

Es necesario modificar lo que se contempla como información reservada, entre otras la siguiente que considera la ley: “La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada”. Esto ha auspiciado que las denuncias de la prensa, después de la publicación de la ley, se hayan restringido al aspecto financiero, de los salarios y otros. Simplemente se condena al ciudadano a estar informado hasta después de que se toma la decisión; ante la cosa juzgada.

La ley y el Instituto tienen como objetivo, además del cumplimiento de sus funciones, la trascendente misión de colaborar al “buen gobierno”. Esto exigiría que los ciudadanos estuvieran enterados del proceso deliberativo y así poder participar con su opinión. Una democracia depende de la calidad de su debate. No todas las decisiones exigen tal grado de reserva y de secreto. Correspondería a las autoridades probar ante el Instituto la exigencia de no revelar el proceso de discusión. No puede el ciudadano tener como sólo derecho el pataleo post mortem.

El acceso a la información pública es algo novedoso, los funcionarios se sentían propietarios de ella y se la llevaban al dejar el cargo. Los archivos están saqueados, desordenados y no existe personal capacitado en su manejo. El Instituto tiene atribuciones para expedir lineamientos en este sentido. La evaluación que se tienen que hacer los comisionados es ¿Realmente estos lineamientos son acatados por las dependencias y funcionan? O no hay más remedio que crear una Ley de Archivos.

El reciente escándalo del donativo del poder legislativo hecho a Pro Vida y la utilización “sui generis que hizo esta ONG de los recursos, exigen cambios legales. Entre otros, en la asignación de los recursos adicionales que maneja el Congreso, en la Ley de Asistencia Social y en la Ley de Transparencia, para que toda persona física o moral que reciba recursos públicos, sea pasada a la báscula de la transparencia por el Instituto. Falta mucho por hacer en el marco legal del acceso a la información.

PUBLICADO EL 29 DE JULIO DE 2004 | EXCÉLSIOR