Edmundo González Llaca

Sigo considerando que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental es un gran avance en el proceso de democratización del país, una herramienta muy útil a favor de la rendición de cuentas y contra la corrupción. Pero no es suficiente, el gobierno está obligado a dar pruebas más claras de que realmente tiene la intención de que se cumpla esta ley.

Es el Instituto de Información de Acceso a la Información Pública, el principal responsable de que se acate este ordenamiento jurídico y legitimar así su existencia. La verdad es que todavía no tiene garantizada su supervivencia, ley y organismo pueden quedar en flor sexenal.

Creo que el testimonio más convincente que puede dar el Instituto es pugnar por la derogación del artículo Tercero transitorio de la Ley, auténtica arma secreta para que no se cumpla la responsabilidad de informar. ¿Qué dice el artículo? En su primera parte solicita a los “obligados” a dar información, es decir, a todas las dependencias y entidades de la administración federal, para que designen sus Unidades de enlace y a los miembros de los Comités que pide la Ley. Esta estructura administrativa que se le solicita a las instituciones tiene funciones tan abundantes y complejas como: recabar, clasificar, conservar y difundir la información, responder a las solicitudes, auxiliar a los particulares en sus dudas, elaborar el reglamento y los programas internos, actualizar periódicamente todo estas actividades.

Este no es el problema, sino que el artículo tercero termina con esta mala noticia: “La conformación de las estructuras a que se refiere esta disposición deberá hacerse con los recursos humanos, materiales y presupuestarios asignados, por lo que no deberá implicar erogaciones adicionales”. En buen cristiano, todo ese cúmulo de nuevas funciones, algunas de ellas prácticamente desconocidas, las tiene que resolver las dependencias con el personal y el dinero que ya tienen. El Estado se convierte en el padre regiomontano del chiste: “Papá ¿Me deja ver la televisión?” Éste le contesta: “Sí mi hijo. Véala, pero no la prenda”.

¿Se quiere o no se quiere dar la información pública? Existe una especie de complejo de culpa en la creación de instituciones. No importa que existan nuevos problemas o funciones y que el poder público requiera de más brazos. La mercadotecnia política no lo ve así, para ella todo aumento de burocracia está asociada a la fea obesidad del Estado. Imagine el lector que ante los estrenados delitos de lavado de dinero los gobiernos, para no aumentar la nómina, tratan de resolver estos sofisticados problemas y adaptan a los policías de los cruceros y a los ministerios públicos como investigadores en finanzas internacionales. Toda proporción guardada algo así sucede con el derecho al acceso a la información.

El Instituto intenta suplir esta falta de contrataciones desarrollando un intenso programa de capacitación, pero que a todas luces se observa limitado. Leemos en su informe: “Funcionamiento del Sistema de Solicitudes de Información, impartidos a 150 servidores públicos”. Ante el mundo que significa toda la administración federal, la cifra es para dar risa. A pesar de que los datos oficiales me desmienten, ya empiezo a dudar sobre la calidad de la información que está otorgando el gobierno.

El derecho al acceso a la información apenas empieza, si el Estado no deja las culpas, si no aprueba un presupuesto especial y lo aplica a las estructuras administrativas que se requieren, este derecho simplemente truena.

PUBLICADO EL 08 DE JULIO DE 2004 | EXCÉLSIOR