Edmundo González Llaca

Cuando en la Cumbre de las Américas los Estados Unidos insistieron en su propuesta de excluir del Sistema Interamericano de Naciones no sólo a los gobiernos antidemocráticos sino a los países corruptos, los representantes de todos los países se vieron con extrañeza. Venezuela afirmó que estaba de acuerdo, siempre y cuando la exclusión también abarcara a las empresas multinacionales corruptoras de gobiernos.

El representante venezolano, con más vehemencia que conocimientos, no tenía idea de que, desde 1977, los norteamericanos sancionan a las empresas que hagan pagos ilegales para la obtención de contratos internacionales. Incluso tienen una Ley, de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que señala que toda persona estadounidense que realice ofrecimientos, promesas, omita algún pago a servidores públicos, partidos políticos o candidatos extranjeros, con el fin de beneficiarse económicamente, está sujeto a fuertes sanciones y hasta el encarcelamiento. El mismo Banco Mundial, a las empresas transnacionales que han incurrido en alguna práctica corrupta, en proyectos financiados por el Banco, las declara inelegibles para contratos posteriores.

Este no es el problema y el norteamericanismo debe ser más profundo y sustancial. Los diplomáticos más conciliatorios y sagaces simplemente objetaron que no quedaba claro quién decidiría qué nación es corrupta y cuál no. Tienen toda la razón, la corrupción no es ni monopolio de la política ni de los países en desarrollo, no respeta fronteras, continentes ni ideologías. Ayer mismo la justicia italiana anuló la inmunidad de Berlusconi en un caso de soborno del pasado, en el que su amigo y ex secretario de Defensa ya fue condenado a cinco años de cárcel por el mismo caso.

Para desechar la iniciativa hubiera bastado solicitar que el país que se considerara libre de la corrupción, pues que aventara la primera mordida. Estados Unidos incluido. Los países poderosos tienen corta la memoria. Fue hasta 1996 cuando la OCDE (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) prohíbe deducir fiscalmente los pagos de soborno efectuados por las empresas. Es decir, años antes, esto se podía hacer perfectamente en países como Canadá y Japón. A la hora de pagar impuestos ponían como deducibles: “Propina para el Charifas”, y todo el mundo tan tranquilo. Obviamente los ricos no han colaborado mucho a la integridad de los países tercermundistas.

La propuesta de Washington fue finalmente rechazada por la casi totalidad de los países, por ser considerada “subjetiva y peligrosa”. ¿Fue un duro golpe contra Estados Unidos? Realmente no. Tanto los países prestamistas, los que otorgan asistencia, como los organismos financieros internacionales, tienen ya actualmente un sinnúmero de garantías que impiden que las naciones solicitantes puedan desviar el dinero o dedicarlo a proyectos no aprobados.

Para garantizar el pago o la efectividad de la asistencia financiera, naciones ricas y organismos vigilan a las empresas y a los funcionarios. Antes de soltar el dinero reivindican su derecho a inspeccionar los registros de proveedores y contratistas, las comisiones pagadas antes y después del contrato. Basta que consideren que existe algo sospechoso, aun sin que haya pruebas de sobornos en efectivo, para exigir que el proyecto se detenga y se vuelva a subastar. En fin, la lucha contra la corrupción es una cruzada inobjetable, ni quien lo dude, el problema es que también se está convirtiendo en un refinado instrumento de presión y control contra los países pobres.

PUBLICADO EL 15 DE ENERO DEL 2004 | EXCELSIOR