Edmundo González Llaca

Los mexicanos cuando iniciamos un movimiento político lo primero que decidimos es el nombre. Se dice que en la época de los planes los revolucionarios, los generales se la pasaban más tiempo discutiendo el nombre que en el fragor de las batallas. Ahora miembros distinguidos, sobre todo de la iniciativa privada, presentaron un acuerdo con un nombre tan largo como un tren, como si todos tuviéramos su tiempo, su tinta y su papel: “Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de Derecho, el Desarrollo, la Inversión y el Empleo”.

Lo primero que llama la atención es el pomposo título de “Acuerdo Nacional”, realmente no recuerdo que mi secretaria me haya gritado: “Doctor, le habla el ingeniero Slim, pregunta que si ya decidió firmar el acuerdo”. No pequemos de vanidosos, a lo mejor no tienen mi teléfono ni el de muchos otros mexicanos, lo que resulta preocupante es que el acuerdo lo plantean a toda la sociedad civil, pero realmente suena a hipocresía, pues en todo el texto no señalan como se vincula la sociedad con el proyecto. Lo peor, tampoco incluyen propuestas que animen la participación de esa sociedad en los asuntos públicos. Si antes se refería a los sistemas autoritarios que presumían de legitimación popular, como “la democracia sin el pueblo”, la aportación de este grupo es: la sociedad civil sin ciudadanos.

El principal problema de un pacto de la sociedad sin la participación ciudadana, es la forma de sancionar a los responsables del poder público. Hobbes escribía hace un buen número de años: pactos sin “swords”, espadas, son “words”, palabras. En otras palabras, papel mojado. ¿Habrán perdido nuestros empresarios su sentido pragmático? No, lo advirtieron amenazantes, los candidatos que no firmen el proyecto no recibirán nuestro voto ni nuestro apoyo. Están conscientes que a la sociedad civil la utilizan como membrete, el grupo no tiene peso electoral, su fuerza está en el peso de su intervención en el producto interno bruto.

El acuerdo es la visión empresarial de lo que consideran debe ser el país, contiene una serie de lugares comunes que resulta difícil no aceptar. El Estado aparece siempre en el banquillo de los acusados, aunque no se le reconoce la rectoría en los asuntos económicos. No existe la más mínima auto crítica, los empresarios se preocupan por la competitividad, pero no aceptan su responsabilidad al respecto. Por ejemplo, hace unos días reconocieron que gastan 52 mil millones de pesos en corrupción. El pago deshonesto no es un acto solitario sino compartido con los funcionarios. Pero no sólo eso, los empresarios no hacen mención a la corrupción dentro de las mismas empresas y en la que no intervienen los burócratas. Esta falta de honradez también colabora a que México descienda en el nivel de competitividad mundial. Para la iniciativa privada las transformaciones que requiere el desarrollo nacional están en el cancha del Estado, ellos están perfectos.

Tres parecen ser los grandes propósitos de los empresarios. Difundir la idea de que para ellos el gobierno actual ya pasó a mejor vida y con él sólo queda hablar sobre el triunfo de la selección sub 17. Su oportunidad ya pasó. Otro objetivo es fijar el marco de referencia que deberá respetar cualquier presidente electo. Si la izquierda ya presentó los acuerdos “en lo fundamental”, la iniciativa privada presenta también sus reglas de juego. Por último, y eso lo dijeron fuera de programa, la mayor angustia es que los candidatos perdedores acepten su derrota y no impugnen fuera de la ley. El mensaje es muy claro a López Obrador.

Publicado en Excélsior | 06 de Octubre de 2005|