A un año, los video escándalos
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Hace un año que yo tuve una ilusión, dice la canción, yo también la tuve, pero por otros motivos. El país descubría lo que siempre ha sabido, las relaciones entre el poder político y el empresarial; los dispendios de los funcionarios gastándose el dinero de nuestros impuestos. Para nadie fue sorpresa, pero las imágenes sacudieron al país, del espectáculo pasamos al escándalo. No era para menos, la izquierda en el país había sido acusada de todo, menos de raterilla y corrupta. ¿Qué ha pasado durante todo este año? Muchas cosas, lamentablemente no las suficientes como para que la ciudadanía respire tranquila, con la conciencia de que lo exhibido en los videos lo hemos superado. |
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Los protagonistas están en la cárcel, destacados perredistas fueron expulsados u optaron por retirarse, pero el fondo de las causas que los llevaron a la corrupción permanece intocable. Uno de los escenarios que se prestó a la situación es el poco control que existe en el financiamiento de los partidos, la solución la conocen los protagonistas: hacer más transparentes a los partidos políticos en su proceso de decisiones y finanzas internas, y ampliar facultades de fiscalización del Instituto Federal Electoral. Hasta el momento nada se ha hecho. El PRD formó una comisión con personalidades externas a sus filas de gran autoridad moral, que tenían como misión analizar sus finanzas y deslindar responsabilidades entre los dirigentes salpicados por el dinero mal habido. Todo concluyó cuando uno de los miembros, Jaime Cárdenas, decidió renunciar por falta de apoyo de quienes le habían solicitado su intervención. A la vergüenza simplemente agregaron su complicidad. El escándalo también nos demostró que contra los funcionarios corruptos uno de los mejores antídotos es el acceso a la información. El gobierno del Distrito Federal, directamente involucrado con importantes funcionarios, tiene uno de los marcos normativos más retrógrados en toda la República en relación con la transparencia. El Consejo de Administración, encargado de aplicar la ley más manipuladora, es el más perversamente constituido. Es una burla la cantidad de información que consideran como reservada, prácticamente todo es territorio comanche y no entra ninguna lamparita. Recientemente se les pasó la mano, declararon que sería confidencial el padrón de proveedores, los procedimientos de licitación, los contratos de publicidad, en fin, no querían casi ni dar sus teléfonos. Los medios de comunicación se les fueron encima y hace pocos días López Obrador declaró que está abierto a cualquier cambio de la Ley de Transparencia. Por el momento, tampoco nada se ha hecho. Las autoridades fueron especialmente eficientes en la persecución de los involucrados, fue espectacular el forcejeo que tuvieron los aparatos de seguridad para llevarse a los detenidos. No era por temor a que se fugaran los acusados, sino evitar que otras policías los rescataran. La pugna no era producto de su celo por aplicar la justicia, sino obtener información de las dependencias políticamente adversarias. Todo esto comprobó que la lucha contra la corrupción poco avanzará, mientras el ejercicio de la acción penal tenga a estas autoridades responsables. Es difícil que el Procurador General persiga al Presidente de la República, es imposible que el Procurador del Distrito Federal someta a investigación al Jefe del Gobierno Capitalino. Un año después de los escándalos, poco, muy poco se avanzó en la solución de las causas de los delitos y quizás sólo se advirtió a los delincuentes sobre el riesgo de los videos. Publicado en Excélsior el 10 de marzo de 2005 |
