El Principio básico de organización de un estado federal responde a la necesidad de conciliar intereses aparentemente desarticulados o contrapuestos. Por una parte los de la metrópoli, distinguida por su vocación insaciable de poder, y por la otra los de los estados miembros, caracterizados por su regionalismo y amor a lo suyo. Todo federalismo es una estrategia para integrar lo disperso y conservar la riqueza de la pluralidad cultural sin perder la fuerza unitaria de la nación.

La técnica jurídica para obtener esa cohesión con respeto a las diversidades estatales tiene su máxima expresión en el establecimiento de dos cámaras: la de diputados y la de senadores. Si bien los miembros de ambas cámaras representan a la soberanía entera, es reconocido que los diputados están dotados de facultades para intervenir en lo que afecte “inmediata y directamente al individuo como individuo” y los senadores en lo que afecte “al interés colectivo de los Estados, que es lo que constituye el elemento federativo”.

No obstante, por su origen histórico fomentado desde siempre por la práctica política, el Senado está en crisis en todo el mundo y apenas se le escuchan los latidos a su aristócrata corazón. No se sabe por qué nostalgia inglesa los países han hecho de esta institución una especie de Cámara de los Lores vernácula. Arquetipo de anacronismo y vetustez, monopolista burocrático de todas esas virtudes aburridas para pueblos deseosos de cambios, como son la templanza, la prudencia y la moderación. En fin, este organismo se ha convertido universalmente más en objeto de estudio para la geriatría que para la política.

Debemos preguntarnos si México repite el síndrome. Y cabe responder, al menos, que no ha estado exento de sus peligros en los últimos lustros. Ahora bien, en estos momentos de especial gravedad para el país, es urgente que el Estado mexicano amplíe su poder de negociación ante los embates del gran capital nacional e internacional. En esta cruzada en la que está en juego el destino de México, el Senado no puede quedarse al margen del mundanal ruido, en este oasis elitista de “Cámara Alta”, solemne escenografía de apoltronamiento y de esclerosis política.

Miguel González Avelar, ejemplo de sagacidad política y solidez intelectual, es el nuevo encargado de dirigir los trabajos de tan alto cuerpo. Su primera tarea será, sin duda, promover el ejercicio más audaz de las facultades teórica y jurídicamente concedidas a este organismo. Simplemente, en materia internacional, por citar un caso, no basta ya que esta institución otorgue su consentimiento a las propuestas del Ejecutivo, sino que es necesario que la política exterior sea el resultado de dos voluntades activas: la del Presidente de la República y la del Senado. Que los trabajadores de sus miembros, en consecuencia, no se reduzcan al gabinete o a los recintos parlamentarios, sino que los senadores se conviertan en coautores y corresponsables de las grandes y pequeñas acciones en el campo internacional y, a la vez, en pedagogos de la ciudadanía que explican las razones de nuestro actuar externo. La Cámara de Senadores deberá ser auténtica cámara de opinión que ensanche la legitimación y el apoyo popular en cuestiones internacionales, con temas que son tan complejos como importantes.

Es indispensable también que el Senado explore la reivindicación de nuevas competencias y la adaptación de instituciones de las que carece nuestra estructura política. En este sentido y de acuerdo a su responsabilidad federalista, el Senado deberá defender los intereses de las entidades cuidando la idoneidad de los planes regionales, controlar a los funcionarios federales, vigilar las actividades de las paraestatales, proteger a los ciudadanos como lo hace el “ombusman” anglosajón en contra de la administración federal.

Simplemente, como dice González Avelar, se trata de entender que “la derrota del abstencionismo aumenta el compromiso del Senado con las mayorías”, lo que significa que las instituciones de la República, más aún las representativas, deben demostrar en este momento de crisis que las organizaciones políticas no tienen un fin en sí mismas, sino que son simples medios para lo que afecta al pueblo sea decidido de acuerdo a los intereses del pueblo.